Continuando con nuestra investigación periodística, sobre la actuación de algunos jueces del fuero laboral y sus interpretaciones sobre los derechos de los trabajadores ante los conflictos que se generan con las patronales a las que poco les interesan los derechos de sus empleados, pero sí los costos y el antecedente que pueden generar aquellos que ante un despido, una sanción arbitraria o un accidente accionan judicialmente buscando que el Estado por medio de los jueces del fuero equiparen las fuerzas entre uno y otro.
Cuando uno cree que la justicia laboral se inclina hacia el trabajador, no por una preferencia, sino en conocimiento del alto índice de trabajadores en condiciones irregulares y el abusivo régimen al que general son sometidos, sin que los reclamos se planten desde un inicio por la poca demanda de empleos y la necesidad de muchos de mantener un hogar.
En la realidad la Justicia suele fallar a favor del trabajador cuando se trata de simples despidos y demandas que no implican sumas relevantes, ahora, cuando la patronal es una empresa importante, un medio de prensa de gran audiencia, cuando los estudios jurídicos que los representan están conformados por influyentes abogados, cuando están vinculados políticos o funcionarios relevantes, todo ese aparato judicial que debería estar para garantizar el acceso a la justicia y la igualdad ante la ley, tutelando al obrero en su desventajosa vida laboral y en su despido, toda esa estructura que se mantiene con los aportes del Estado, se pone a favor de las patronales sin importar la suerte del o los trabajadores, dilatando procesos que no necesitan amplios debates o estudios con la esperanza de que en el tiempo, el reclamo se dilate o el destino juegue a favor de los demandados.
Este relato se repite en los distintos ámbitos del fuero laboral independientemente del departamento judicial.
El ejemplo de Yoan Daniel Atilio contra Atlas Copco SAIC.
Ya hemos publicado varios artículos al respecto de esta demanda laboral que tramita en la Justicia nacional y hemos podido determinar muchas irregularidades no solo administrativas en el expediente, sino también desprolijidades procesales, de las que esperamos algún día los funcionarios implicados puedan dar alguna explicación, porque ellos no son el Poder Judicial, sino representantes de éste, por ende, empleados de un poder que le pertenece al pueblo, es decir a nosotros los habitantes de la República Argentina y somos definidos como CIUDADANOS.
La causa en cuestión, lleva el Nº 3598/08, y ya lleva unos años “acogida” en el seno de la justicia laboral, hoy a resguardo de la Sala III, de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, a la espera de una sentencia definitiva.
Cuando recién tomé contacto con la causa, debo confesar que me sorprendí por todo el “circo” que rodea a la misma impulsado por los directivos de la empresa sueca y el guión de abogados inescrupulosos que solo piensan en aumentar sus cuentas. Es realmente tanto lo que se ha hecho mal en esta causa que bien se podría escribir un libro, tiene todo para ser un best seller, traiciones, amor, influencias, política, dinero, amantes, poderosos, vicios y hasta espías.
Del análisis de la causa y sus derivaciones (denuncias en la justicia federal) uno no puede dejar de analizar los hechos desde una visión periodística además de jurídica y es allí, donde uno puede enriquecerse aún más con la justicia laboral y algunos de sus miembros.
Por ejemplo, en el proceso al que me estoy refiriendo, todo lo expuesto por la defensa de la demandada, ha sido muy tirado de los pelos y no ha tenido nada de brillante, sino todo lo contrario, han sido torpes a la hora de las estrategias y han hecho lo poco que saben y que les funcionaba bien, apelar a las coimas y a los “contactos”, esto no lo digo yo, sino que es la convicción que tienen los jueces de la Cámara Federal en la causa que se investiga el mecanismo por el cual se adulteraban registros en la IGJ, y en la que ya la defensa de uno de los acusados reconoció que su cliente fue contratado para alterar un registro de la firma Atlas Copco, desconociendo el fin para el cual le solicitaron ese “trabajo”.
No es necesario ser abogado ni poseer un coeficiente superior para comprender, que este acto delictivo, es el argumento de la defensa y su único punto en el cual se sostiene, aduciendo en el pedido de nulidad una errónea notificación, ahora bien, con todo lo probado por la justifica laboral, apelado y confirmado por la Cámara, es llamativo que la justicia laboral, permita aún la presentación de incoherentes escritos de parte del abogado defensor Santiago Caride, aduciendo “¿hechos nuevos?”. Es evidente que en estas instancias judiciales, poco queda por hacer, ya se han recusado, con causa y con fundamento al Dr. Luis Alberto Catardo y al secretario Leonardo Bloise, los cuales aceptaron las mismas con argumentos verdaderamente deshonrosos, donde el primero culpaba a los medios por resaltar algunas particularidades que debería cumplir correctamente como funcionario y el segundo denunciando al demandante y su abogado por recordarle sus funciones, denuncia que se desestimó in limine por improcedente y que según comentan en tribunales causa risas por el contenido de la misma, viniendo de un abogado que suele publicar libros sobre derecho.
A pesar de algunas amenazas que recibí por investigar este caso, el desafío y el instinto profesional me llevaron a seguir indagando.
Trabajadores de Clarín y una nueva denuncia contra Luis Alberto Catardo
Entre el 28 de agosto y el 2 de septiembre del 2004, los trabajadores de Artes Gráficas Rioplatense S.A (AGR) una empresa más del Grupo Clarín, fueron protagonistas de un conflicto gremial originado por la empresa al imponer jornadas laborales ilegales, de trabajo los sábados por la tarde y los domingos con el pago de horas simples. Los reclamos de la Comisión Gremial Interna y de la Federación Gráfica Bonaerense no tuvieron respuesta favorable, y las denuncias en el Ministerio de Trabajo de la Nación no cambiaban nada. Con este panorama los trabajadores luego de asambleas decidieron un paro total de actividades por cuatro días, esto desató de parte de la empresa y sus abogados un impresionante operativo intimidatorio del que participaron más de 600 policías uniformados y de civil, filmaciones y tomas fotográficas para intimidar.
El resultado fue que la empresa originariamente despidió a 119 compañeros, incluida la totalidad de la Comisión Gremial Interna, a pesar de los fueros que los delegados poseen durante su mandato. Tres de los delegados, los compañeros Luis Siri, Javier Alfonso y Nicolás Rivero, con el apoyo de la Federación Gráfica Bonaerense, mantuvieron la firme decisión de reclamar su reincorporación, pero a la fecha no han podido volver a ejercer la representación de sus compañeros a pesar de haber ganado en todas las elecciones realizadas y mantener por ende sus fueros.
Todo esto solo se puede entender en el enorme poder de un medio como Clarín y sus influyentes abogados, con esto, y mediante presiones a funcionarios judiciales, políticos, etc., las causas laborales se dilatan, y adivinen cómo, con la presentación de hechos nuevos en la causa laboral, con la denuncia a los delegados para su desafuero, o bien con denuncias penales sin fundamentos, pero que curiosamente una Sala del Crimen ordena investigar una y otra vez, sin una lógica aparente.
Por esto, no solo los delegados denuncian a la Sala VIII y a dos de sus miembros Luis Alberto Catardo y Juan Carlos Morando, sino que la Federación Gráfica Bonaerense acompaña las mismas, tanto en la OIT, como en el Consejo de la Magistratura.
Qué coincidencia, nuevamente el Dr. Luis Alberto Catardo, involucrado y denunciado de inclinarse hacia la patronal, y con un método calcado al utilizado procesalmente en la causa de Atlas Copco, pero no terminan aquí las coincidencias si es que las hay, porque en la recusación al Dr. Catardo y Bloise, con fecha 11 de octubre de 2010, se menciona el hecho de haber mantenido audiencias privadas con el Dr. Jorge Anzorregui y Juan Ernesto Curutchet, el primero abogado histórico del Grupo Clarín, quien si bien no lleva la causa en el fueron laboral, sí en el penal federal, ha demostrado interés en estar personalmente informado de la demanda laboral.
Y por si algo faltaba para que uno deje de creer en coincidencias y en medidas puramente ajustadas a derecho, las declaraciones juradas del Dr. Catardo y de Bloise, deberían ser revisadas por las autoridades correspondientes ya que cuando menos podemos decir que son irregulares en su contenido.
Pero estas uniones que parecen casuales de casuales deben tener poco, más cuando de estas conjunciones terminan saliendo fallos contra los trabajadores, otro ejemplo de esto lo encontramos en octubre del 2008, Macri ordena no pagar los días de paro a los docentes, el gremio UTE, presenta un amparo en la justicia, y la Cámara Nacional de Apelaciones Laboral rechaza el amparo sindical, con la firma del Juez Luis Alberto Catardo.
En resumen, tenemos a un grupo de abogados con influencias como Jorge Anzorregui y su Estudio, que a su vez, coordina el trabajo de abogados en los temas laborales merced a sus influencias, pero si bien los intermediarios rotan, los dos extremos siempre son Catardo y el Estudio Anzorregui, quien en el caso Atlas Copco, sumó a su Jefe en el Banco Ciudad, Juan Ernesto Curutchet, vicepresidente de dicha institución; y en la cual Anzorregui cobraría por brindar asesoramiento jurídico, a pesar de que no concurre a su establecimiento y él mismo ante una consulta de parte del Banco solicitándole que informe en qué causas lo representa, informara que hace años que no tiene causas en defensa de dicho Banco; más allá de todo eso continúa cobrando por los servicios “prestados” como lo vino haciendo durante años. Y el Banco Ciudad que está dentro de la esfera del Gobierno de la Ciudad, tiene curiosamente como asesores a varios abogados que defienden empresas en temas laborales, y hasta se dan algunos tiempo para hacer política, obviamente con dineros estatales, para ir cerrando este círculo vicioso de corporación anti obrera y anti sindical, sea en una corporación extranjera, nacional o un multimedio de prensa.
La pelea mediática por el control de la Justicia laboral
Muchas habrán recordado la famosa servilleta de Carlos Corach, y sus jueces influenciables, bueno, ¿Quién creen que propuso a Catardo como camarista?, y ¿Dónde creen que trabaja el hermano (Gregorio, “Goyo”) del ex ministro?
Aunque no lo parezca, tener influencias sobre algunos jueces del fuero laboral también es una cuestión importante para muchos estudios y empresas que contratan “esos estudios”.
En la designación de jueces en el fuero laboral, hoy más que nunca se dan grandes batallas políticas.
Pero como en toda lucha de poder, nada mejor que la presión de los sectores más influyentes de la prensa, así, desde medios como Clarín, La Nación o Perfil, se puja por presionar a los jueces o bien a los que pueden influir en la vida judicial de los mismos, por ejemplo legisladores.
La utopía de un Consejo de la Magistratura “sano” a la hora de evaluar designaciones de funcionarios o su juzgamiento ante denuncias, solo ha abierto un panorama nuevo de lucha política, motivados algunos sectores por dominar en las decisiones.
El 27 de enero del 2011, la revista Perfil titula una nota, “Moyano y Recalde suman poder en la Justicia”, la misma hace referencia al nombramiento de las juezas Graciela Lucía Craig y Diana Regina Cañal, la primera esposa del Diputado Héctor Recalde, quien además es asesor jurídico de la CGT y la segunda llegaba con el apoyo para su designación de Hugo Moyano, Julio Piumato y Las Abuelas de Plaza de Mayo. Destacando en la nota, que además de las misivas en su apoyo la jueza, hoy a cargo de la Sala III, también tuvo manifestaciones en apoyo por parte de militantes de la CGT. Y que su designación tuvo especial empuje cuando se reunió con la entonces consejera Diana Conti del kirchnerismo.
La nota de Perfil, es una muestra más de la pelea política por influir a jueces, no importa quien los nombre, su trayectoria o su honorabilidad, hay medios que presionan con noticias tendenciosas pero nunca realizan presentaciones en la justicia que avalen sus dichos o sospechas.
Para confirmar aún más la coherencia y la actualidad de esta nota, el sábado 29 de enero del 2011, Infobae, titula “Dura declaración empresaria contra el ascenso de jueces ligados a la CGT”, una muestra más de cómo la corporación reacciona e intenta influir en los jueces aún antes de que estos comiencen a desarrollar su tarea de administrar justicia. Así, ahora parece que el poderoso grupo denominado G-6, daría a conocer un documento en medio de una presentación de la presidente para que su presión sea aún mayor y de paso dañar al país mostrando una imagen que no es real de los trabajadores y sus derechos. En realidad solo son un conjunto de manipuladores y cínicos que saben muy bien que si hay quienes se han beneficiado económicamente en forma desmesurada y sin pagar los aportes correspondientes han sido estos personajes, que si tanto les gusta sentirse de una elite europea que se vayan con sus negocios y sepan lo que es tributar y acogerse a las leyes laborales. Sin dejar de mencionar las grandes movilizaciones sindicales. Que se dejen de meternos miedo y jugar a los jinetes del Apocalipsis para solo obtener beneficios sectarios.
Y aquí me surge una pregunta para aquellos que leen a algunos de estos medios, Clarín, La Nación, Perfil o Infobae, ¿pueden estos objetar a jueces en una supuesta defensa de la justicia laboral, cuando son justamente estos medios, los que persiguen a sus periodistas, les imponen jornadas laborales extras sin compensación, los espían, los sancionan y los despiden?. Son los mismos que persiguen a los delegados en sus empresas, contratan a Estudios todo terreno para mejorar sus demandas laborales y no respetan la Ley ni las conciliaciones cuando no los benefician.
Esta es la realidad de la justicia laboral en nuestro país, he tomado casos de la justicia nacional, pero esto se repite en toda la provincia de Buenos Aires donde incluso las demoras son mayores y hay demandantes que mueren sin haber podido acceder al pago de su liquidación por despido e indemnizaciones, entonces la frase “cuando la justicia llega tarde no es justicia”, golpea con más fuerza en quienes la oyen.
Existe un monopolio periodístico en la distribución de diarios y revistas que condiciona a los otros medios, existe un entramado muy sutil pero presente entre importantes empresas, estudios jurídicos importantes, políticos y funcionarios judiciales.
El aparato de control social en que se ha convertido el Grupo Clarín y la efectividad de sus medios de manipulación sobre sus operadores tanto en la justicia laboral como en la comercial y criminal, está alentando abusos de algunos de sus abogados que extienden estos “servicios” a sus otros clientes que estén dispuestos a pagarlos.
Se replican los mecanismos de extorsión con que se enriquecían algunos abogados y funcionarios durante la época de la dictadura, pero de un modo más refinado, donde los rehenes o desaparecidos son las conciencias que no despiertan, los privados de su identidad social e histórica, los seducidos por una riqueza ajena que jamás llega sino en forma de ilusión o espejismo.
Es como si Joseph Goebbels, uno de los más destacados exponentes de la manipulación mediática, hubiera conservado un medio de comunicación luego de la caída del Tercer Reich.
Mientras esto no cambie, seguiremos investigando e informando a nuestros lectores y a los trabajadores argentinos con la misma independencia de siempre, por un país más justo y una igualdad que todos debemos defender.
Por Marcelo Ricardo Hawrylciw
