Seguramente el Ingeniero Daniel Atilio Yoan y su abogado Marcelo Alejandro Domínguez, jamás imaginaron al comenzar la demanda laboral “YOAN DANIEL ATILIO C/ATLAS COPCO ARGENTINA S.A. S/DESPIDO” (Expte. Nº 3598/08), que se enfrentarían a una demanda conflictiva con idas y vueltas, mezclada con política, poderosos estudios jurídicos, gestores, funcionarios judiciales, espías y hasta sicarios.
La demanda se inicia el 03 de marzo del 2008, según consta en el Juzgado laboral Nº 4, y ya con fecha 25 de abril del 2008, comienzan las acciones conspirativas de la demandada empresa sueca, asesorada por vernáculos abogados que despluman influencias a cambio de dólares.
Resumiendo, la estrategia de la empresa, fue “jugar” con dos domicilios que la misma posee, en la misma dirección y calle, pero con diferentes pisos y oficinas, algo que puede parecer insignificante, pero que tiene en el ámbito jurídico relevancia en cualquier expediente, pudiendo fácilmente solicitar la nulidad de lo actuado, tal como más adelante lo solicitó la demandada.
El abogado defensor que representa los intereses de ATLAS COPCO ARGENTINA S.A. es el abogado Fernández Caride Santiago Miguel (T-41 F-508) , a quien se le agregaron una vez que las cosas se complicaron en el expediente, los reconocidos abogados Jorge Anzorreguy (abogado del Grupo Clarín, T-16 F-872) y Juan José Sforza (abogado del abogado Carlos Alberto Lluch, ex asesor del Ing. Ricardo Raúl Jaime ambos investigados por irregularidades T-26 F-100) para llevar adelante la causa penal Nº 7507/09 caratulada “Carbonaro Raúl y otros /Delitos de Acción Pública” que tramita en el Juzgado Federal Criminal y Correccional Nº 5 Secretaría Nº 9, del Juez Federal Norberto Oyarbide.
A pesar de que Fernández Caride, tiene una amplia trayectoria en el ámbito laboral y forma parte del staff del Estudio Jurídico Gorbato, los abogados penalistas culpan de la adversa situación al abogado laborista y pretenden cargar sobre él las responsabilidades que pudieran surgir del expediente penal, y evitar un procesamiento y arresto de directivos de Atlas Copco.
La causa penal, es la consecuencia de una burda maniobra llevada acabo por una banda mixta de funcionarios de la IGJ, abogados y escribanos, que alteraban los domicilios de empresas en los registros del organismo dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, para beneficiar a los clientes que contrataban los servicios del gestor Raúl Carbonaro (quien fue empleado de la IGJ, pero luego de un sumario, prefirió utilizar sus conocimientos y contactos en forma privada). Por esta causa, se realizaron varios allanamientos a escribanías y la misma IGJ, y ante el escándalo de la situación, en su momento Débora Cohen, responsable de la IGJ, realizó una autodenuncia, para así poder instruir los sumarios internos y poder acceder con esa excusa a la causa penal, en una supuesta investigación interna paralela y demostrar colaboración del instituto oficial.
Procesaron al Coordinador de Registros Nacionales de la IGJ, Raúl Moretti, a quien se le trabó un importante embargo y a la acusación original se le sumó la imputación de “estafa” y negociaciones incompatibles con su función, se sumaron los empleados, Juan José Medina y Rosendo Godoy a quien en su momento se le dictó prisión preventiva, al igual que a los ya detenidos el gestor Raúl Carbonaro y el escribano Horacio Clariá.
Desde el Ministerio de Justicia, anunciaron a la prensa que los empleados implicados fueron suspendidos y en el caso de Juan José Medina, no se le renovó el contrato.
Actualmente la causa se encuentra con un auto de secreto de sumario, ya que se continúa investigando la participación de otros profesionales, y la participación de un alto funcionario del Banco Ciudad, que como se lo define en la denuncia, entra en escena como el típico traficante de influencias, asegurando previo depósito de dinero, poder “ganar” el laboral pagando “sobornos” a jueces conocidos por él y su entorno, tal como lo describe la denuncia presentada el día 14 de septiembre del 2010. El funcionario implicado y denunciado, no es otro que el Vicepresidente del Banco Ciudad, el Dr. Juan Ernesto Curutchet (T-42 F-397), alguien que este medio, ya venía advirtiendo esconde algo más que bienes no declarados y que curiosamente se jactaría de tener todo “arreglado” en el reclamo judicial que presentara la CGI del Banco Ciudad por la construcción del nuevo predio corporativo en Parque Patricios. Lamentablemente en esta causa, solo hay sospechas, pero es para valorar la demostrada por el funcionario en la causa donde participa como extra interesado, como para no valorar hasta dónde, puede llegar en una que lo tiene como actor por ser el segundo responsable del banco y con una millonaria inversión en juego, la justicia ¿investigará? O solo se dará cumplimiento a meros formalismos que no lleguen a nada.
Hoy, tanto el Ingeniero Daniel Atilio Yoan, como su abogado Marcelo Alejandro Domínguez, temen por sus vidas, un viaje a México de un directivo de ATLAS COPCO, luego de la reunión denunciada en la justicia federal de la que aportaremos en una nota especial, el contenido del texto de la denuncia y el audio de la misma, donde los denunciados hablan de cómo sobornar jueces y funcionarios, una frase sonó fuerte, “a Yoan, hay que limpiarlo…”
Este medio pudo leer los más de doce cuerpos que tiene la causa penal, aunque faltan las últimas diligencias judiciales solicitadas en la denuncia contra el grupo y Curutchet, ya que el juzgado federal se encuentra en plena investigación. Hemos visto la causa laboral que ya se llevó puesta a una jueza, que al quedar expuesta en el expediente, allegados dicen que renunció a su cargo para evitar problemas, pero que culpó de su destino al abogado Jorge Anzorreguy, quien además para coronar las irregularidades es asesor en el Banco Ciudad.
Tal vez, para comprender un poco más quienes son los que asesoran a la empresa sueca vale la pena leer el artículo de autoría de los periodistas Walter Goobar y Romina Manguel, sobre el prestigioso estudio jurídico familiar de los Anzorreguy, sus contactos y sus ambiciones.
Esta nota abre una puerta que descubre la corrupción judicial, donde al contrario del espíritu de las leyes laborales que sitúan como el más débil al trabajador, nos demuestra que los empresarios poderosos, pueden comprar casi todo, funcionarios, gestores, abogados, escribanos, jueces, fiscales, periodistas y hasta sicarios. La destacada labor del abogado laboral permitió descubrir algo que muchas veces los trabajadores murmuran mordiendo los dientes, “me cagaron” cuando los juicios laborales fracasan o terminan en acuerdo o condenas injustas.
Como periodista, como ciudadano y hombre de derecho solo espero que el Colegio de Abogados se expida al respecto, más allá de que algunos de los involucrados son prestigiosos profesionales que han pasado por la conducción de la institución.
Tampoco es muy claro, que el Jefe de Gobierno Mauricio Macri, siga haciendo de cuenta que no sabe nada del universo Curutchet, donde existen incompatibilidades, faltas éticas, la posible comisión de delitos varios y a pesar de ello, no solo sigue en su puesto de Vicepresidente del Banco Ciudad beneficiando a familiares, amigos y empleados, sino que desde el Gobierno Porteño lo ven como un candidato a juez de la Ciudad, una verdadera “joyita” del derecho.
Esto recién comienza, gracias a todos los que desinteresadamente colaboran con la investigación periodística, somos muchos los que trabajamos por una sociedad más justa y una justicia independiente.
Juan Ernesto Curutchet, Cuit-20-17331664-0, titular del DNI 17.331.664 original, CDI 7.857.876, nacido el 22 de marzo de 1965, de 45 años, casado con Victoria Patricia Arzubi, abogado egresado de la UBA.
Por Marcelo Ricardo Hawrylciw
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Cuando la presidente de la Nación, la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, desató la polémica al denunciar que existe una "industria del juicio" entre los abogados laborales, desde ese día a la fecha, siguen y sigo discutiendo con algunos abogados el real alcance de esa frase y no dejo de sorprenderme de la débil defensa de algunos abogados al tratar de explicar porque no existe una industria del juicio.
