Celulares en las cárceles bonaerenses

En lo que va del 2012, el SPB (Servicio Penitenciario Bonaerense) registra un elevado número de evasiones de sus unidades, curiosamente de las que son denominadas como de máxima seguridad y régimen cerrado, demostrando que a la falta de una eficiente política penitenciaria, la acompaña una dañina y constante corrupción en sus efectivos, sin distinción de grados. También acompaña este crecimiento el número de muertes de internos, siendo la mayoría de las mismas en el 2012, internos que habían denunciado hechos de corrupción, robos, homicidios y amenazas por parte de los agentes penitenciarios.

 

Es ya de público conocimiento entre los que desarrollan tareas que se vinculan con el Servicio Penitenciario, que existen irregularidades en todas las cárceles del mundo, la corrupción en estos espacios y los abusos son algo casi obligado. La diferencia con las cárceles del SPB, radica en el tipo de connivencia y “favores” que requieren los penitenciarios. Como en la vida misma, no todos son iguales ante la Ley, y tampoco todos son iguales en las unidades penitenciarias, los favores se “pagan” o se “negocian”, así, los de mayor poder adquisitivo pueden rentar una cómoda celda, los más pobres deberán someterse a otras concesiones, como ser favores sexuales de sus familiares para con personal del servicio, así, unos y otros obtienen ciertas venias para ingresar elementos y comidas no permitidos, entre los que mayoritariamente se dan las pastillas, drogas, celulares, equipos electrónicos y hasta armas.

 

Los controles en la seguridad de algunas unidades penitenciarias son prácticamente ineficientes, por citar un ejemplo, la Unidad 40 de Lomas de Zamora, tiene uno de los peores servicios de control de ingreso y requisa, con casos de personas que ingresan con otras identidades a la unidad y la existencia de un elevado número de internos con equipos celulares, teléfonos que usan sin temor a ser descubiertos. Allí, a diferencia de la creencia popular de que los procesados y detenidos por causas de drogas son mal vistos, estos, en esta unidad, suelen gozar de varios privilegios, una por el dinero que suelen contar gracias a su actividad delictiva y otra porque dentro del mismo SPB, hay efectivos adictos.

 

Esta situación se repite en otras unidades del SPB, incluso en Florencio Varela, a pesar de los escándalos protagonizados en estos meses, son muchos los internos con celulares, durante la investigación periodística, este medio, consulto a algunos ex convictos, detenidos, familiares y personal penitenciario, con la intención de conocer si además del uso que cualquiera le da al celular los internos los utilizaban para los conocidos “secuestros virtuales”, grande fue la sorpresa, al saber que se les facilita la tenencia de celulares a los encargados de proveer de drogas y otras sustancias a internos y a algún que otro penitenciario.

 

La problemática no es nueva, lleva ya unos seis años de estudios y medidas tendientes a tratar limitar el ingreso a las cárceles de teléfonos celulares, ya por el año 2008, el Procurador Penitenciario de la Nación Francisco Mugnolo, refería "Está absolutamente prohibido de que tengan celulares, hay que hacer controles con profesionalismo para que no ingrese a las cárceles".

La problemática y la solución en el mundo

 

México, uno de los países donde el narcotráfico ha causado miles de muertes y ha infectado de corrupción a las instituciones que deberían combatirlo, tuvo que invertir en el año 2010, en inhibidores de señales de celulares para así terminar con la tenencia y el uso de móviles para cometer diferentes delitos y dejar fuera del mercado negro a penitenciarios corruptos que venden los teléfonos y cobran una cuota mensual para su tenencia sin molestias, una medida que en nuestro país fue propuesta en diputados pero que a la fecha no prospero por recomendaciones negativas de algunos jefes penitenciarios, que poseen teléfonos públicos en las unidades y restarían eficacia los inhibidores, la realidad, es que mientras los teléfonos públicos pueden ser fácilmente monitoreados, los celulares en las unidades penitenciarias no tienen ningún control.

 

En los EEUU, la corrupción de los guardias y la demanda de celulares llegó a ser un tema de Estado, cuando por el año 2004 un informe reveló que el 50 % de los reclusos poseía por lo menos un celular. Los fines son los mismos en cualquier cárcel del mundo, tráfico de drogas, intimidaciones y hasta asesinatos de testigos, arreglos para fugas, actos de corrupción, y otros delitos.

 

Las medidas adoptadas fueron modelo para otros países, no solo bloquearon las señales de celulares en las cárceles, también algunos Estados como Texas, promulgaron una Ley con penas de hasta 40 años de cárcel a los oficiales e internos involucrados en el tráfico de celulares.

La pésima gestión Scioli-Casal

 

La política penitenciaria que lleva adelante el Gobierno Provincial, con el Gobernador Daniel Scioli y el Ministro de Seguridad y Justicia Ricardo Casal, se puede definir como olvidable teniendo una opinión generosa.

 

Por un lado, informes del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), advertían que existía un elevado porcentaje de procesados detenidos en unidades carcelarias, de los cuales el 83% terminaban siendo absueltos en oportunidad de llegar a un juicio oral, estadísticas oficiales, reforzaban esto al indicar que solo un 13% de los sometidos a juicio eran condenados y un 4% restante no llegaba al juicio por distintos motivos.

 

Las denuncias por malos tratos, tormentos e incluso graves violaciones a los derechos humanos no disminuyeron durante esta gestión como ya mencionamos y por el contrario, algunos hechos denunciados han tenido un correlato brutal y sádico, donde un interno fue golpeado, violado, quemado y dejado agonizando hasta su muerte. Lo peor, fue que en el juicio oral ningún efectivo recibió condena porque durante los minutos que duró el tormento y asesinato, alguien desconectó por ¿error?, la cámara de seguridad que enfocaba la celda. Internamente se había informado que el interno que había denunciado a personal del SPB, y que debía estar a resguardo, tuvo una inexplicable parada en la Unidad Nº 29 de máxima seguridad de Melchor Romero, de La Plata donde fue asesinado, a pesar que se trato de presentar como un suicidio. Así el asesinato de Luis Ángel Gorosito quedó impune, y el sistema perverso y corrupto protegido.

 

Ricardo Casal, es un hombre que se supone conoce el paño del SPB, el mismo ingresó a la fuerza en el año 1976, pasó por el escalafón de suboficiales y llegó en el año 1981, mediante Resolución III Nº 787/81 al escalafón de oficiales profesionales como subalcaide, para retirarse en el año 1992 como Alcaide Mayor, para dedicarse a la abogacía. Allí trabajaría en distintos ministerios y con políticos vinculados a la derecha. Es un hombre que la policía bonaerense considera casi un par, y es en ese buen diálogo con la siempre conflictiva y difícil fuerza, que radica uno de los pilares de su gestión, ya que es un funcionario que a pesar de la gravedad del hecho que vincule a la policía o el servicio penitenciario, su cara y su discurso mediático no variara y es capaz de enfrentar las cámara o los medios con un discurso tan correcto como desentendido de su responsabilidad y del gobierno que representa.

 

El único mérito que puede mostrar sin discusión su gestión es el incremento de detenidos en las unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires, aunque esto no haya mejorado las estadísticas delictivas. Por el contrario este incremento fue acompañado por los actos de corrupción y maltrato a algunos internos. A pesar de su experiencia en la fuerza, esta no se ha visto reflejada en una mejora de las condiciones de detención y seguridad, las fugas, son cada vez más disparatadas e inverosímiles, ni siquiera la convocatoria de una abogada como la Dra. Florencia Piermarini, que con sus jóvenes 36 años traía una trayectoria sin escándalos, terminó sacrificando su prestigio en una gestión marcada por las denuncias que hemos descripto.

 

Conclusión

 

Este medio, tiene dentro de sus objetivos, el informar y el de capacitar en lo que a derechos humanos se refiere, pero no desde una posición extrema, sino desde el respeto y los derechos humanos de todos, entendiendo que no constituye ninguna tutela de un derecho vulnerado el que existan peligrosos delincuentes con accesos a celulares, mientras que muchos de los que se ven sometidos a largos procesos desprolijos deben hacer largas colas para usar los teléfonos públicos, si es que tienen esa posibilidad.

 

En las cárceles como en la vida misma, existen los privilegios y los más bizarros abusos.

Tengo como responsable del medio, la convicción de que una gestión penitenciaria y de seguridad no puede sostenerse a pesar de todo, ya vamos a desarrollar el rol de la policía bonaerense y la justicia, porque existe una enorme responsabilidad judicial en los hechos descriptos en la nota, ya que es una de las funciones de los defensores, fiscales y jueces el visitar los centros de detención. Lejos está el espíritu del constitucionalista plasmado en la Constitución Nacional “ las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice.”

 

Lo peligroso, es que hoy la sociedad también vive en un peligro latente permanente, ya que son muchos los casos conocidos de detenidos que salen a robar, secuestrar, violar y matar, algunos por acuerdos con personal del servicio penitenciario, otros que denuncian ser amenazados por estos si no aceptan delinquir. Ejemplos en la provincia de Buenos Aires, son el de las Unidades de Olavarría, que conforman el Complejo Sierra Chica.

 

Desde este medio hemos cursado varias comunicaciones tanto al Servicio Penitenciario Bonaerense y el Ministerio de Seguridad y Justicia, respecto de varios de los hechos que hemos descripto en la presente nota, sin obtener un recibido, será que ante la abundante prueba y los hechos diarios que involucran a esta gestión, no tienen mucho que decir.

 

Los ciudadanos, merecemos vivir sin miedo y con un riesgo razonable, hoy, sus manos están manchadas de sangre inocente, de muchos que murieron en una cárcel donde no debían estar y de víctimas de delincuentes que no debían salir. Después discutamos la recuperación social, sino todo queda en discursos.

 

 

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw

¿Somos rehénes de la Justicia? ¿quién protege los derechos de los niños?

“Una cualidad de la Justicia es hacerla pronto y sin dilaciones; hacerla esperar es injusticia.” Jean de la Bruyere (1645-1696) Escritor francés.

Nunca una frase es más acorde a los tiempos que se manejan en la justicia argentina, a pesar de que la Constitución Nacional garantiza el acceso a la justicia, en el común de los ciudadanos, este derecho, esta “garantía” es tan difícil de alcanzar, como tantos otros derechos escritos al que solo tienen acceso unos pocos.

Es una materia pendiente hoy día, el que cualquier ciudadano, independientemente de su condición social o bienestar económico, pueda acceder a la justicia, sea como denunciante o bien como víctima.

Las crónicas periodísticas, a diario nos brindan ejemplos de ciudadanos que reclaman por sus derechos en las cámaras de televisión, en las cartas de lectores o bien utilizando las redes sociales, una frase que impacto a muchos fue expresada por la amiga de un oficial de policía asesinado de la metropolitana en Avellaneda, la mujer conmocionada decía “no es posible mendigar justicia en los medios, es patético tener que mendigar justicia.” Cuanta verdad hay en esas palabras, la necesidad de justicia, es cada vez mayor, la gente la reclama, la grita, la necesita.

El descalabro judicial que se vive, especialmente en la justicia bonaerense, marcan la agenda criminal de la que se nutren los medios, gracias a la ineficiencia y falta de compromiso de muchas autoridades judiciales que obran apartados de la “congruencia” y la “razonabilidad”.

Es común para quienes recorren algún juzgado y tribunal bonaerense, encontrarse con carteles anunciando un paro, desde las agrupaciones sindicales, se denuncia falta de nombramientos, malas condiciones laborales en cuanto a seguridad y estado edilicio de los edificios, a pesar que se han realizado algunos arreglos. Las colas, las demoras en la atención y la falta de información a los ciudadanos cuando se los debe derivar a otra dependencia judicial es inaceptable en un mundo conectado, es obvio que falta compromiso, porque esos mismos empleados que nunca saben nada, son rápidos para responder mensajes de chat de sus Facebook o Twitter, como se aprecia en ambas redes, incluso suben fotos en sus ámbitos laborales. Esto, solo es posible, cuando como dice el refrán popular, “cuando el gato no está, los ratones bailan.”

Pretender ser recibido por una autoridad judicial, sea juez, fiscal, defensor o secretario, es casi una misión imposible, al parecer, junto con el nombramiento en el cargo, viene el cartelito de no molestar soy el jefe, incluso muchos de estos no cumplen su horario laboral, de esta forma, uno puede llegar a entender los motivos por los cuales existen fallos, resoluciones y presentaciones que son un disparate jurídico.

La sociedad como tal, podemos decir que adolece de un sistema judicial eficaz, pero peor aún, de un sistema judicial que cumpla su rol en un sistema político republicano, obviamente porque los otros dos poderes tampoco lo hacen, perdiéndose ese equilibrio y control de poderes que debería existir.

A la luz de los hechos, de los reclamos de falta de justicia, y denuncias contra miembros del Poder Judicial, tal vez sería un buen momento para estudiar formas de participación democráticas más directas, como en países donde los fiscales, son elegidos por los ciudadanos y de esta forma no tener que soportar a miembros del Ministerio Público Fiscal, ociosos, negligentes o corruptos.

La participación ciudadana, está sumamente limitada, y hay que soportar malos funcionarios, malos empleados judiciales, malos fallos, mala administración de justicia. ¿En qué quedo la implementación de los juicios orales con jurados populares?

Encuestas realizadas, han dado como resultado que en tercer lugar se encuentra el Poder Judicial, en el concepto de las instituciones en las que desconfían los ciudadanos por considerarlas corruptas. A pesar de ello, no se ha tomado nota de esto, y el hecho de que muchos políticos y funcionarios, sean portadores de prontuarios, sería la única explicación lógica de los motivos por los cuales no se intentado siquiera mejorar el funcionamiento de la justicia.

Protección de los Derechos de los niños

Desde hace años, a nivel mundial, existe un interés renovado en cuanto a la protección de los derechos de ciertos sectores vulnerables, dentro de los cuales se encuentran los niños, muchos de los cuales son víctimas de trabajo infantil, de explotación sexual, de trata, incluso en algunos países utilizados para la guerra. Dentro de ese universo, hay también realidades que tienen que ver con problemáticas de los menores que no necesariamente se vinculan directamente al delito.

Los Estados han adherido a muchos tratados internacionales al respecto y la Argentina es uno de ellos, juntamente con las Secretarias y direcciones provinciales o locales municipales.

Estos dos últimos años, la vinculación de menores a drogas, prostitución, robos y homicidios, son un claro indicio de que el trabajo que se está realizando no es el correcto, a pesar de que nadie haga referencia a esto. Con lo cual solo me queda preguntarme, ¿a quién le importa proteger a los chicos?.

En la provincia de Buenos Aires, la reforma introducida con la Ley 13.634, las cosas parece se han complicado aún más, para quien pretenda hacer valer la protección de los derechos de los niños, aún en casos graves. Los aún Tribunales de Familia, por ejemplo el pésimo desempeño del Tribunal de Familia Nº 4, del departamento Judicial de Lomas de Zamora, que para dictaminar un régimen de visitas y alimentos lleva un expediente hace tres años, sin que este haya pasado aún a conocimiento de los jueces, según lo informado por la secretaria del Juez Carlos Alberto Dupont, nos lleva a evaluar, si es eficiente un Consejero de Familia (la Dra. Mercedes Elia Royano) que demora en emitir un dictamen esos plazos, cuando se está regulando el contacto de los hijos con el padre no conviviente, más aún cuando arbitraria e ilegalmente se impide el contacto y la UFI 4 del Polo Judicial de Avellaneda en turno, cuya titular es la Dra. Carla Susana Musitani, se excusa al considerar que al no existir una disposición judicial que regule las visitas, quien realiza el acto antijurídico no estaría incumpliendo una orden judicial, si un verdadero disparate para justificar que hay quienes no tienen voluntad por el trabajo, ya que la Ley 24.270 no requiere como condición el que exista un acuerdo previo o sentencia judicial que regule las visitas, el contacto de los menores con sus padres debe ser habitual, salvo excepciones donde el interés de los menores sea superior al de mantener el contacto y la filiación, ergo, el empleado judicial de la UFI 4, es un ejemplo de los empleados judiciales que subestiman a su interlocutor y ensayan explicaciones jurídicas con un manual propio. Es por esto, por las reiteradas ausencias de la titular de la UFI y la explicación de la empleada de la mesa de entradas respecto a que la Dra. Musitani no recibe a nadie, quien escribe presento un escrito solicitando se informe los motivos por los cuales la UFI en cuestión ha omitido comunicar las denuncias de impedimento de contacto al servicio local de niñez, adolescencia y juventud, a cargo de la Dra. Alejandra Sobrado, como debería haberse realizado, y los motivos por los cuales pasados más de 6 meses de la primera denuncia, no se ha hecho nada, salvo ponerle una carátula a la denuncia presentada.

Todo esto, que se hace mal, genera un ida y vueltas para quien desea hacer que se respeten los derechos de los niños, teniendo que ir y venir escuchando las explicaciones más disparatadas y un pase de facturas y culpas entre funcionarios.

Por ejemplo, para la directora de la escuela Nº 40 República de Portugal, en la localidad de Gerli, partido de Avellaneda, que un niño de 8 años, tenga más de 140 faltas, no es algo grave en su formación escolar, si este es inteligente y puede estar al nivel del resto, es decir, que se enseña a ese alumno, que el levantarse temprano para ir a la escuela, hacer todos los días las tareas, tener la responsabilidad sus padres de llevarlo a la escuela o de prepararlo, respetar las normas de convivencia escolar, es lo mismo que no tener horario de descanso, no tener hábitos alimenticios sanos, despertarse cuando quiere y solo jugar a la pelota es lo mismo, total en una recuperación de dos semanas pasa de año, y así todos contentos, la escuela que no se compromete y la madre que siente que no es necesario enviar al chico a la escuela. Usted pensará, ante algo así, voy y denuncio el hecho ante la inspectora de esa escuela, bueno, la denuncia ante la inspectora Elisa Monferran fue lo mismo que la nada misma para proteger el derecho del niño a educarse, solo se trato de “maquillar” la situación, se evaluó el niño, se dijo que era muy inteligente y que se le pidió a la madre un mayor compromiso, considerando que fue un éxito la intervención, ya que luego de esto, en el 2010, el niño tuvo tan solo 48 faltas injustificadas, esto sin contar los días de paro.

¿Qué clase de docentes pasan por alto como si nada el hecho de que los días que un alumno pasa sin concurrir a la escuela afecta no solo su formación intelectual, sino también afecta la sociabilidad de este con sus pares?. Es obvio que esto explica los motivos por los cuales en los cumpleaños cada vez son menos los compañeritos que concurren.

La misma inspectora justificó a la directora de la escuela 40 en sus dichos de que a veces no puede atender a quienes requieren una entrevista porque desde la gobernación bonaerense no hay nombramientos y la falta de personal, docentes y auxiliares generan estos problemas de agenda. Personalmente, hubiera preferido de esta autoridad que debería “controlar” la calidad educativa en los establecimientos de su jurisdicción una vocación laboral similar a la que expone en su empresa Zurah Models & School, de Esteban Echeverría, Monte grande, dedicada a la formación de futuros modelos y talentos, es decir, dedicada a la formación y capacitación de menores, en nutrición, maquillaje, coreografía, teatro y producción de modas y fotografías.

Para deslindar responsabilidades, derivaron el reclamo por inasistencias al servicio local de protección y promoción de los derechos del niño, no sin antes contar varias anécdotas del mal funcionamiento del mismo, ya que si a usted le parece que nosotros trabajamos mal, espere a ver que hacen ahí.

La fatídica profecía fue como una maldición, luego de más de cinco años de concurrir por distintos motivos y que involucran a dos menores uno de 8 y una niña de 3, los resultados son lo mismo, necesidad de justicia, todo depende de la “buena voluntad” de la madre, no solo en que lleve a los chicos para ser evaluados, sino en cumplir con las recomendaciones que se le dan, entonces, ¿cómo se protegen los derechos de los niños?, si el conflicto se origina en que el padre conviviente descuida sus obligaciones, pone en riesgo la salud psicofísica de sus hijos, y existe la Ley 26.061, que en su artículo 31, describe lo que debe hacer el funcionario público que recibe una denuncia, ¿por qué no se cumple?, ¿es correcto esperar a la buena voluntad por sobre los derechos de un niño?. ¿Es correcto que el servicio de protección de derechos del niño considere que no está mal que dos menores de 8 y 3 años permanezcan solos encerrados en su domicilio porque la madre y su pareja tienen que salir? ¿se puede minimizar un posible abuso considerando que la escasa edad puede ser motivo de fabulación y que de ser cierto por el mismo motivo de la corta edad se va a olvidar más rápido el hecho?.

A la fecha, a nadie le interesa la protección integral de estos menores, poco importa que están al cuidado de una persona con más de 15 denuncias penales, por amenazas, lesiones, daño, y un extenso compilado del Código Penal y se rodea de gente que se jactan de haber estado detenidos por delitos graves, organizando fiestas en donde los menores ven beber, presencian discusiones y comentarios inapropiados, peleas y consumo de sustancias.

Pero en esto, no solo los menores no tienen ninguna medida cautelar para proteger sus derechos, sino que en esta displicencia judicial, el delincuente se hace fuerte y la señora ofendida y su pareja, me han intentado apuñalar, amenazándome si seguía con las denuncias y jurando que me iban a eliminar, linda gente, a la que la justicia y los servicios parecen brindarles una comprensión incomprensibe (vaya paradoja) de sus conductas. Es decir, el que no se presente a las citaciones, se justifica con un simple pierdo un día de trabajo, obviamente nunca presentó un certificado o constancia de empleo, porque como muchas, esta gente creen sabérselas todas, y muy convenientemente su trabajo es en casas de familia, ironías si las hay, de alguien que no sabe cocinar, no lava la ropa de sus hijos, no tiene su casa en condiciones, ni posee hábitos de limpieza. No concurren a que se les realicen los estudios a sus hijos porque insisten en ir a un lugar donde saben que el profesional que requieren está con uso de licencia y la excusa es que no pueden volver a ir a otro lugar. No lleva su hijo a la escuela a pesar de tener pago el micro por otros familiares porque el hijo se duerme tarde y ella no lo puede despertar o bien el micro no paso, no le toco timbre o llevó al hijo al médico, y le dieron reposo, eso sí, suele olvidarse de pedir un certificado y le suelen recetar medicamentos sin receta. ¿raro no?, estas y otras excusas infantiles, suelen ser aceptadas por la escuela y el servicio local, después de todo, ella siempre omite mencionar que convive desde hace meses con un hombre y se victimiza diciendo ser una madre sola con dos hijos y sin tiempo para nada, ni siquiera para estar con sus hijos, cocinarles y educarlos, eso sí, hay tiempo para salir a bailar, pasar tiempo en el cyber con el Facebbok o dejar días en casa de su madre a los menores para salir con amigos.

Nadie cuestiona su derecho como mujer a formar pareja, a salir y divertirse, a realizar los actos privados que se le antojen, pero siempre priorizando los derechos de sus hijos y no valiéndose de estos para obtener una mantención, un lugar donde vivir, usarlos como un botín donde arbitrariamente y contrario a lo que impone la Ley determinar un impedimento de contacto.

Impedimento que tiene una explicación, y es el hecho de que los menores hablan, los menores cuentan lo que ven, lo que viven, cuentan que tienen hambre, que a veces comen lo que encuentran porque la madre y su pareja duermen, cuentan que son retados y puestos en penitencia por este nuevo hombre que a la nena de 3 años le impone el mirar la pared y no hablar ni moverse hasta que él se lo permita. Cuentan que la madre les suele pegar con el cinto a veces sin un motivo que entiendan, cuentan que su madre odia a su padre y a toda la familia paterna, especialmente en los últimos tiempos a su tío, que por culpa de él, los van a separar, que van a terminar solos o en la calle, se preguntan ¿por qué los odio?, y todos esos artilugios de los que no tienen ni argumentos, ni voluntad de reconocer los errores y cambiar, no por ellos, sino por sus hijos.

En lugar de la reflexión, de un compromiso de cambio en beneficio de sus hijos, redobla sus actos, agrede, busca confrontar, amenazar, intimidar, coaccionar, y manipular a sus hijos, con un discurso donde los reclamos efectuados a su conducta se transforman en sus palabras en actos de provocación, de amenazas hacia ella porque no la quieren y que entonces si algo le pasa, sus hijos se van a quedar solos, porque nadie los quiere. Nada nuevo que no hayan utilizado otras madres con problemas para superar las separaciones que recurren a la difamación, las falsas denuncias, la violencia y hasta lesionar a sus hijos con el solo objeto de generar un daño en el otro.

Todo esto tan común en causas judiciales en los que se debaten cuestiones de menores o familia, parece que no se tiene en cuenta y que hay que esperar a una tragedia como la madre violenta que mató a su hijo en un country, así, es como está la justicia y el Estado en la provincia de Buenos Aires, respecto al compromiso y la obligación de proteger, además de promocionar los derechos de los niños, señor gobernador Daniel Scioli, para qué sirve el gastar dinero en campañas y promociones, en asesores, en equipos interdisciplinarios, si luego es lo mismo, ser una persona de bien, que un marginal que por una elección personal escoge no respetar disposición, norma o ley que se le exija, siendo esto necesario para mantener un orden social y evitar abusos en las relaciones interpersonales.

Si hoy se consiente desde el Estado, que una minoría como Delia Romina Moles, viva impunemente agrediendo, injuriando, descuidando y perturbando el desarrollo de sus hijos, porque los funcionarios responsables son cómodos o quieren evitar ser blancos de la ira de esta mujer, entonces además de condenar a los que tratan de mejorar la vida de los menores a soportar sus agresiones, también estarán rifando el futuro de dos menores que aprenden del ejemplo de su madre, que se puede vivir igual, haciendo lo que más se le cante, que ser responsable es lo mismo, total con algún subsidio vivo los primero días del mes, después pido ayudo a familiares, si no alcanza pido a amigos, presiono a una ex pareja, y sino cada tanto cometo algún hecho delictivo y con ese abanico de posibilidades voy tirando. Eso sí, si algún turro me denuncia, o me investigan por algo, me busco un trabajo un par de meses, renuncio y con la excusa del desempleo, vuelvo a pasar meses haciendo lo que se me canta.

Tan idiotas son los funcionarios que a nadie se le ocurre pensar, ¿de qué vive una persona que no trabaja?, pero que siempre tienen en la heladera un par de cervezas frías, una gaseosa, un par de atados de cigarrillos en la mesa, y unas buenas zapatillas para salir a pasear, sí, del ocio nunca se olvidan, como tampoco de un celular de media o alta gama que les permita enviar mensajes y conectarse al Facebook o Twitter. La leche y el alimento para los hijos puede esperar, total a los pibes les dan cualquier cosa para que pique y ya está.

Conclusión

Soy un periodista indignado con el trabajo en conjunto que tienen la justicia y los funcionarios que deberían ocuparse de la protección de los derechos del niño.

Soy un tío que sufre y se preocupa por la salud y formación de sus sobrinos, incomprendido y hasta atacado por funcionarios, algunos profesionales especializados en menores que intentan convencerme de que mientras el niño pase de grado, tenga ropa, no este desnutrido y no presente golpes, no es grave lo que vive, porque en esta sociedad hay casos peores.

Soy un hombre que trabaja todos los días defendiendo los derechos de los ciudadanos, desde mi trabajo como periodista, como miembro de diversas ONGs brindando asesoramiento en distintas áreas, como defensor y promotor de los derechos humanos. Combatiendo todos los días la corrupción institucional.

Por eso hoy quiero convocar a todos los que padecen las trabas y el maltrato de los que no quieren ni les interesa defender los derechos de los niños, porque estos no suelen tener voz para hacerse escuchar, porque ellos son nuestro futuro, porque no se mejora la seguridad descendiendo la edad de imputabilidad de los menores, o creando los juzgados de responsabilidad juvenil, sino que mejorando la calidad de vida y educación formamos jóvenes alegres, con actitud para el estudio, para la formación profesional, con ideales en vez de sentimientos resentidos, marginados, excluidos y creyendo que las metas se arrebatan y no se ganan, con el error de que lo que quiero lo debo tomar de otro, bien porque se lo reclame amenazante o porque se lo quite por la fuerza.

De cualquier agresión, lesión o daño que pudiera sufrir tanto mi familia, como quien escribe, hago responsables a los titulares de cada sector interviniente y a sus superiores o responsables políticos, porque esta nota además de ser informativa, es un formal reclamo ciudadano, cada objeto roto, cada insulto y amenaza será respondido con una nueva denuncia, denuncia extensiva a cada uno de esos funcionarios holgazanes que son muy creativos para inventar excusas, pero no para aplicar esa capacidad en mejorar su trabajo y obtener soluciones satisfactorias y útiles a la sociedad. Atención gobernador Daniel Scioli, atención señora Procuradora María del Carmen Falbo, atención miembros de la Corte Bonaerense.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw

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