Parrilla El Tano, un ícono de la impunidad

La conocida Parrilla El Tano del partido de Avellaneda, es un ícono del lugar, conocida por el boca en boca, respecto a lo accesible de sus precios, a la atención del consumidor en cuanto se lo sacia con las carnes y provoletas hicieron de este lugar un punto elegido para celebrar encuentros de amigos, cumpleaños, reuniones familiares o simplemente una salida en pareja. Hay dos parrillas pertenecientes a la familia, una se encuentra en la localidad de Dock Sud, en la Av. De Benedetti 2100 y la otra en la Av. Güemes 567, a tan solo 15 minutos de la Capital Federal y a metros del Shopping Alta Avellaneda. 

Nos vamos a ocupar en esta primera nota de la parrilla de la Av. Güemes 567, la más cercana al Palacio Municipal, a tan solo 300 metros a pesar de lo cual, las supuestas intimaciones del municipio al dueño del local se demoran por meses para llegar y los inspectores parecen no ver todas las irregularidades que están visibles, el lugar es atendido por Fabio Caschetto y su mujer, a veces lo ayuda su padre, el fundador del Tano.

Funciona desde el 2001, una época en la que muchos vieron cerrar sus negocios pero con la ayuda de algunos funcionarios, la parrilla fue creciendo, así, hoy la página en Facebook del lugar posee 16.168 me gusta y como muchos de los lugares que funcionan irregularmente en Avellaneda, para gran parte de los asiduos concurrentes es el mejor lugar de la zona sur.

Lo que pocos parecen percibir, tal vez por la misma conducta egoísta de toda persona, es que el éxito del negocio, se sustenta en no respetar las normas mínimas vigentes y en el hecho de que corrupción mediante, quienes concurren al lugar pueden gozar de la inmunidad que por un rato da el hecho de comer allí.

Autos mal estacionados complicando la circulación de los que utilizan la Av. Güemes, autos sobre las veredas, sobre el boulevard, en doble y triple fila, en las ochavas, y la ausencia de las grúas municipales que están a solo metros del local. Pocos saben, que esos mozos y chicas tan agradables que trabajan allí no se encuentran debidamente registradas, son trabajadores en negro.

Por tal motivo nos pusimos en contacto con la delegación de UTHGRA y solicitamos comunicarnos con el Secretario General Sasprizza Laura, para saber los motivos por los cuáles no se ha controlado la parrilla y las condiciones laborales de los empleados, pero a diferencia del Secretario General del SECLA Avellaneda, Pedro Orlando Machado que se comunicó con nuestro multimedios, nadie se hizo cargo de la consulta, a pesar de conocer exactamente el lugar, ¿por qué será?. 

Uno de los requisitos que deben cumplir los comercios con más de 3 empleados, es el de poseer vestuarios independientes, es decir, para hombres y mujeres, algo que nunca tuvo la parrilla. 

Nos comunicamos con el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, delegación Avellaneda, ubicado en la Av. Mitre 2718, teléfono 4203-1547, mail: davellaneda@trabajo.gba.gov.ar, para consultar con su titular el Dr. Cousirat Ricardo Gustavo, respecto de las quejas de algunos empleados en cuanto no se realizan inspecciones sin aviso por precariedad laboral y que cuando se hacen las pocas inspecciones, son avisados y a los empleados se les pide que se queden en la zona hasta que termine la inspección, primero nos informaron que el Dr. recién se retiraba y luego que en un rato volvía de una audiencia, ¿cuál será la verdadera información?

Lo concreto es que nadie se puso en contacto como nos aseguraron y así es como existen negocios que exitosos poseen un “amparo” de algunos funcionarios.

Para describir un poco que viven los que concurren a la parrilla voy a referenciar un artículo periodístico de José Totah un colega invitado al lugar y que lo describe así: “En el salón entran unas 200 personas, acomodadas en mesas largas que se separan apenas un poco para dividir los grupos, aunque pareciera que todos están hermanados por la misma pasión, como si se tratara de una kermesse, una tribuna en la cancha o una cena de fin de año en un club. Casi siempre, después de medianoche, ponen música y todos bailan con todos en este merengue social. Afuera esperan unas 50 o 60 personas más, en un tumulto que parece la entrada de un show del Indio Solari. En horas pico la espera es de por lo menos una hora y media. Y nadie se queja.” “Pasan las horas y el salón se va hundiendo en un vapor que impregna la ropa. Hasta el piso se vuelve resbaloso y uno se siente en “Patinando por un sueño”, aunque en este caso sería “Patinando por un matambre”. 

No lo dice quien escribe este artículo, lo dice un periodista al que se invitó para destacar el lugar y promocionarlo, un periodista que tentado por la comida y la atención pasó por alto el riesgo de que 200 personas no podrían jamás ser evacuadas por la entrada a la parrilla, entrada que fue modificada sin al parecer un control municipal, ya que las dimensiones de la misma no son las mínimas obligatorias en este tipo de comercios, tampoco el periodista tuvo en cuenta que esa grasa que siente patinar bajo sus pies, no debería estar en el piso, que además de ser suciedad, es inflamable.

En cualquier comercio del rubro alimenticio, la limpieza es un requisito que no se puede pasar por alto, y basta con concurrir a la parrilla, y ver al mismo personaje que interpreta el Tano, con su gorrita con visera todo sucio y transpirado, puede parecer muy trabajador pero hace tiempo que está lejos de ello, basta sacar una simple cuenta para entender los números que dan una recaudación, ya que esos 200 se renuevan en una noche, entonces bien podría tener bien registrados a los empleados, invertir en mejorar las condiciones edilicias y la limpieza, adecuar el local a los requisitos de seguridad, higiene y prevención contra incendios, invertir en la acústica del salón para que la música no perturbe a las casas linderas.

Una lectora del medio, nos advertía sobre la suciedad, la presencia de cucarachas y otros insectos, pero puntualmente nos dejaba un comentario muy cierto, “no va a pasar nada hasta que alguno se intoxique mal, y espero no sea una criatura.” Y es verdad, muchas personas concurren con criaturas.

Es en estos lugares disfrazados de “populares” donde no siempre todos disfrutan de esa cercanía obligada por la falta de espacio y el deseo de meter más gente de la que debería que es común en estos comercios de Avellaneda, todos quieren explotar sin mucha inversión cada centímetro, ya tuvimos el ejemplo de El Almacén de Gerli, quien durante años recaudó amparado por corruptos funcionarios municipales, no pagaba las deudas y hasta tenía un Nextel pagado por el municipio para su uso personal. Luego de nuestra investigación, el municipio pudo cobrar las deudas para poder habilitar en tiempo record el lugar, resta saber que van a hacer con el tema de los shows, pero era evidente que teníamos razón, porque nos dedicamos a investigar.

Lamentablemente, existe una cultura “chatarra” donde muchos piensan con la panza antes que con la cabeza, y creen que porque en el Tano se come por unos pesos hasta vomitar o empacharse, el lugar es lindo y debe ser cuidado, cuando en realidad hay que cuidar la vida y respetar las normas. Adecuar su negocio no es un problema económico para el Tano, pero para qué gastar si nadie se lo va a exigir.

Funcionarios, tanto municipales, como de los ministerios que deben controlar, policías, todos parecen volverse ciegos y no ver lo que está frente a ellos, es como sí un chorizo, un pedazo de carne los hipnotizara y otros, esos que hace tiempo ya no deberían estar en la función pública, alaban las “coimas” del Tano.

En la investigación periodística el propio responsable de la Dirección de Habilitaciones Comerciales Juan Domingo Perón reconoció irregularidades en la habilitación del comercio que ya lleva varias reformas hechas, incluso mencionó que se redacto una intimación, que pasados los meses parece no llegar nunca.

Pudimos contar con el testimonio de dos vecinos Hugo y Daniela preocupados por las molestias e inconvenientes que se genera con la parrilla, que van desde colas de personas en las puertas de sus domicilios, hasta la inseguridad, en exclusiva, pudimos ver el terreno vacío que ocupó el Tano para llevar allí la basura y apilar los cajones de las verduras que se apilan de forma peligrosa contra la pared de la casa vecina, cuyos ocupantes temen un incendio. 

En el mismo terreno se mezcla, la grasa, la comida para tirar, roedores, y por si fuera poco, el desagote del pozo ciego está en este terreno con una conexión clandestina. Las parrillas nuevas incluso están sobre un espacio que no le pertenece y la campana del asador además de estar colocada en forma precaria, no cumple con la altura mínima para no afectar a los vecinos con el humo. 

Nos comentan vecinos que muchos ya hoy desistieron de las quejas y las denuncias ante la impunidad con la que se maneja el dueño, relatan peleas donde frente a los policías que cuidan la zona se golpeó muy fuerte a jóvenes y estos no actuaron, llamados a la Dirección de Tránsito para pedir una grúa que remueva el auto estacionado en la vereda frente a su puerta y que cuando se les decía la dirección no concurrían. 

Presentaciones en el municipio sin resultados e inspectores que en lugar de hacer su trabajo le informaban al Tano que vecinos lo habían denunciado. Amenazas de Fabio y hasta golpes con vecinos y clientes, pero la policía siempre ausente, llamados a la comisaría 1ra. que nunca tuvieron recepción positiva.

Indignación e impotencia es lo que sienten los vecinos, no se puede vivir sintiendo que un tipo porque recauda buen dinero con su negocio puede hacer lo que quiera. Incluso comentan que no les quisieron tomar la denuncia en la Defensoría del Pueblo de Avellaneda a cargo del Dr. Sebastián Vinagre. 

Pasaron varias gestiones municipales y a pesar de todo lo descripto, siempre han mirado para otro lado a la hora de controlar, pero conocen todos muy bien el lugar y a su dueño. 

Como se ve en el video, hasta se encuentra “colgado” del alumbrado público con un cable pelado lo que es un riesgo de vida para cualquiera que pase caminando por el lugar, también se ven cables pelados en el medidor, algo irregular, y que los vecinos denuncian lo conectan los mismos de EDESUR S.A. que él conoce e invita al lugar.

Hay responsables, desde el municipio hoy sumamos al Intendente Jorge Ferraresi a quien le hemos cursado una presentación anterior a la nota, hemos advertido los riesgos de una tragedia, con lo cual no podrán decir que no sabían lo que ocurría, el Secretario de Gobierno y Seguridad Dr. Pablo Vera, responsable de los inspectores y varias de las dependencias que tendrían que fiscalizar, el Secretario de Obras y Servicios Públicos Ing. Ariel Alejandro Lambezat, el Secretario de Salud Dr. Luis Parrilla, el Secretario de Legal y Técnica Dr. J. Mariano Maltese y el Jefe Distrital Comisario Inspector Canosa, de quien dependen los móviles de Protección Urbana y los patrulleros de la comisaría 1ra.

En este primer informe señalamos y denunciamos las irregularidades, esperamos que los funcionarios que no tengan participación en esto cumplan con su trabajo y no existan más dilaciones en hacer que este comercio se ajuste a los normas. 

Los vecinos tenemos un HCD (Honorable Concejo Deliberante) que esperamos que sus miembros hagan honor al hombre y se interesen en que no siga repitiéndose esta irregular situación por el bien de los vecinos de Avellaneda, de los trabajadores de la parrilla y de los que nos visitan confiados en que si un lugar tan visible y popular funciona es porque debe cumplir con todas las normas, más cuando está a metros del Palacio Municipal y es visitada por casi todos los funcionarios y políticos locales.

  Por 

Marcelo Ricardo Hawrylciw

Editor General del Multimedios El Sindical

www.elsindical.com.ar  

Avellaneda narco

Pasadas las elecciones legislativas, el tema de la inseguridad sigue preocupando a los vecinos de Avellaneda, más aún cuando se sabe que los políticos pasadas las elecciones se relajan y ya sin estar en campaña comienzan a mostrarse menos y conseguir que escuchen a los vecinos es casi una misión imposible.

El aparato político en campaña es un oasis para los que no pueden acceder a los políticos y tiene fuerte influencia incluso sobre el accionar de los funcionarios policiales, lo que presionados por los políticos refuerzan todo lo que se puede mostrar, que no es lo mismo que reforzar.

Los delitos que tanto inquietan a los vecinos suelen estar vinculados no tanto como se cree a sectores marginales o pobres, sino más bien al universo que gira en torno a las drogas, en menor o mayor escala, la droga atrae todo tipo de clientes con deseos de consumir todo lo que puedan y a muchos el dinero no les alcanza para calmar esa dependencia física y psicológica.

Desde los “kioscos” (denominación de las casas de los tranzas) en los barrios de la periferia del centro del partido, que han ido proliferando con una estadística nefasta, en donde en una cuadra cada tres, había un vendedor de droga al menudeo, llamado “tranza”, ahora hay dos por cuadra en algunos barrios de localidades como Gerli, Sarandí, Dock Sud, Villa Domínico, Piñeyro y el propio centro del partido ha perdido las principales plazas en manos de jóvenes escolares que aprovechan la cercanía con las escuelas para intercambiar, vender y consumir drogas. Hace muchos años que el narcotráfico se instaló en el partido de Avellaneda, y no nos referimos a la descripción anterior, sino a miles de kilos de droga que circulan por el partido, el secuestro de 500 kilos de cocaína en un estacionamiento sobre la Av. Belgrano, frente al colegio ENSPA, posteriormente el secuestro de más de 1000 kilos de cocaína en los depósitos fiscales de las calles Sarmiento y Heredia de la localidad de Gerli, son solo un indicio de la gran cantidad de droga que circula frente a las narices de los funcionarios políticos y policiales.

Sin combatir el narcotráfico, se fomentan otros negocios de estos “empresarios de la muerte”, como lo son la piratería del asfalto, el contrabando y la trata de personas, delitos que existen en el municipio de Avellaneda, pero de los que no hay noticias que se trabaje para combatirlos. Junto con el aumento de drogas circulante, aparecieron en el partido varios negocios que nunca han sido investigados por el delito de "lavado de dinero" a pesar que su estructura, inversión edilicia y ganancias no los hacen rentables.

Otros simplemente hacen de "tapadera". En los años de investigar distintos delitos y hablar con los vecinos, existe una realidad, muchos de los que participan de estas “actividades” tienen vinculaciones con el poder, es decir, conocen a políticos de distintos partidos, tanto oficialistas como opositores, tienen relaciones con abogados que siempre están cerca de funcionarios políticos o judiciales y todo un engranaje que aceita la cadena de corrupción. La policía local, que depende de la Jefatura Distrital Avellaneda y comprende a las comisarías 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 , comisaría de La Mujer de Avellaneda y al personal de Protección Ciudadana, parecen no tener muy en claro cuál es su trabajo y la forma de realizarlo.

Desde este medio hemos sido testigos en compañía de un Oficial Jefe, cómo un móvil policial que debía estar recorriendo una cuadrícula, se encontraba en una de las principales plazas que los vecinos denuncian venta de drogas y robos a los que pasan, a la pareja un hombre y una mujer uniformados, dándose de comer en la boca, en una escena bizarra de un film como locademia de policías, ya que mientras estos efectivos policiales disfrutaban de la compañía mutua, a solo metros se veía a unos jóvenes bebiendo y fumando porros, mientras otro sujeto, celular en mano, tomaba los pedidos.

Los trágicos enfrentamientos entre barras de un mismo club y de otros, no son más que las luchas por el control de la venta de drogas en la cancha y alrededores los días de partido y el territorio local el resto de los días.

Si es dudosa la actividad policial en cuanto a que no investigan, ni reprimen los delitos vinculados a las drogas, sea en la modalidad narcotráfico o menudeo, más inexplicable es la conducta de muchos de los fiscales del Departamento Judicial de Lomas de Zamora y de algunos del Polo Judicial de Avellaneda, ya que a pesar de que la policía suele enviarles informes completos sobre algunos detenidos vinculados a delitos graves, terminan obteniendo la libertad contra toda cuestión lógica.

En las charlas sobre inseguridad con los vecinos, siempre se repite lo mismo, que se va a trabajar sobre las denuncias de los vecinos, que tienen colaboración de la justicia, que tienen el apoyo del intendente y que van a combatir el delito, terminada la reunión y ya de regreso a la realidad, las cosas siguen siempre igual, las plazas copadas por delincuentes, la droga como un paisaje más de lo que nos rodea con sus personajes que van y vienen por la puerta de nuestras casas, a veces perdidos, a veces dóciles, otras desafiantes, violentos y con ganas de robar para poder comprar más droga.

Ni la llegada de los gendarmes, ni la ampliación de las cámaras de seguridad han hecho disminuir los delitos, días pasados en la localidad de Gerli, en una esquina a metros del Alto Avellaneda, charlaban cuatro gendarmes, mientras a 10 metros de ellos de una casa pintada con un color que la identifica del resto, entraban y salían jóvenes, la mayoría menores de comprar y vender drogas y elementos que según las palabras de los propios jóvenes habían robado en el partido de Lanús.

Desde este medio hacemos un pedido de reflexión a los políticos y a los jefes policiales respecto de esta situación que ha ido creciendo y hoy hace que los vecinos tengan que vivir con miedo, que se viva simulando que no pasa nada y pasan por las plazas sin mirar apurados por miedo.

Los delincuentes han ganado la calle, los políticos deben velar por los vecinos que los eligieron y la policía debe devolverles a los vecinos la tranquilidad y la posibilidad de caminar sin miedos y de poder ir a una plaza sin tener que hacer de cuenta que no ven, que no oyen, que no huelen.


Por Marcelo Ricardo Hawrylciw
Editor General Multimedios El Sindical
www.elsindical.com.ar

Declaraciones juradas de funcionarios judiciales

Según lo establece la Ley 25.188, sancionada en 1999 y conocida como “Ley de Ética en la función pública” obliga a todos los funcionarios del Estado a presentar sus declaraciones juradas, a los 30 días de haber asumido un cargo, a renovarla todos los años y a presentar una última pasados los 30 días que terminó su paso por la administración pública. La Ley prevé el derecho de cualquier ciudadano a consultar y obtener copias de las declaraciones juradas.

Al igual que los miembros del Poder Legislativo, los funcionarios del Poder Judicial, han dilatado varias veces el acceso a la información sobre el patrimonio personal de sus miembros, algo que aunque contradictorio y vergonzoso, ya que sus funcionarios han jurado proteger y hacer cumplir la Constitución Nacional, a la hora de exhibir a los ciudadanos, quienes constituyen “el poder del Pueblo” se muestran reticentes y hasta en extremo temerosos de detallar bienes y mucho más justificarlos.

Distintas Ong entre las que se destacan El CELS y Poder Ciudadano, el diario La Nación y un particular, el señor De Martino, impulsaron la publicidad de las declaraciones juradas de los magistrados, como forma de ejercer el debido control ciudadano. Así, el 9 de febrero del 2000, la Corte Suprema de Justicia, firmó la acordada Nº 1/2000, donde entre otras cosas, limitaba el acceso a las declaraciones juradas de los funcionarios judiciales, declaraba inaplicable la facultad de la Comisión Nacional de Ética Pública (que aún no se conformo) para solicitar la información reservada que dispone la Ley 25.188. En ella la propia Corte era la autoridad de aplicación de los requisitos, y la normativa para solicitar una declaración jurada, junto a la posibilidad del funcionario de oponerse al pedido o bien nunca responder al mismo, hizo imposible en esos tiempos que las solicitudes prosperaran.

Con todo esto, las mencionadas organizaciones hicieron distintas presentaciones judiciales y luego de un largo derrotero judicial, donde no faltaron las chicanas judiciales, se llegó al año 2005, más precisamente el 24 de noviembre del 2005, el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de La Nación, dictó la Resolución Nº 562/05, mediante la cual estableció el “Reglamento de presentación y consulta de las declaraciones juradas patrimoniales del Poder Judicial de la Nación”, modificando así, lo previsto por la cuestionada Acordada 1/2000 de la CSJN. Por su parte, con fecha 30 de diciembre de 2005, fueron publicadas en el Boletín oficial de la Nación las acordadas 29/05 y 30/05 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el marco de la primera, los ministros del Tribunal Supremo de la Nación acordaron: “ I) Adherir al reglamento aprobado por la resolución 562/05 del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, con las salvedades que se establecen en la acordada Nº 30/2005; II) Dejar sin efecto la acordada 1/2000, según lo expresado en los considerandos…”. A su vez, a través de la acordada 30/05, la Corte procedió a puntualizar las adaptaciones que consideró cabía efectuar, dentro de su órbita de competencia, al reglamento aprobado por la resolución 562/05 del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, respecto de los integrantes y demás funcionarios que la componen.

Esta Resolución, fue derogada y reemplazada por la Resolución Nº 734/2007, la cual fuera decretada el 22 de noviembre del 2007, para resolver solicitudes de la Fundación Poder Ciudadano y el diario La Nación, en ella, se modificaban algunos datos que los magistrados consideraban sensibles, es decir, se acotó aún más la información a la que los ciudadanos tendrían acceso bajo el argumento de la “inseguridad” que sentían los magistrados de que se hicieran públicos datos como ser, nombre y apellido de su cónyuge o hijos, ubicación de las propiedades, o la identificación de los bancos en los que poseen créditos o cuentas en pesos, dólares o euros.

En virtud de lo expuesto, si bien se avanzó en cuanto al hecho de normar el acceso a la información por parte de cualquier ciudadano, resulta inexplicable, que un funcionario incluido en el universo de los obligados a presentar declaración jurada, pueda alegar hoy en día, que se siente intimidado por la solicitud de su declaración jurada, ya que el propio Consejo de la Magistratura en su sesión para resolver la cuestión, se asumió como garante del uso con responsabilidad del consultante, quien debe reunir los requisitos que la Ley 25.188 dispone para quienes desean realizar una consulta.

¿Qué quería su señoría?, mantantirulirula.

El diario El Sindical, se encuentra realizando una profunda investigación periodística, donde se mezclan amistades, políticos, tráfico de influencias, empresarios, abogados, mano de obra “desocupada” (ex grupos de tarea), espionaje y cuanto payaso se sube a esta especie de “tren de la alegría”.

Como ciudadano, y como periodista, no voy a evadir mi responsabilidad cívica de colaborar en un adecuado control ciudadano, además de informar a los lectores sobre un aspecto del que poco se trata, y es el de poder verificar la transparencia de nuestros funcionarios judiciales, lo que devendrá en una mejor administración de justicia.

Actualmente varias causas que involucran a funcionarios públicos están siendo seguidas por este medio, y en ese sentido, el Editor General es quien lleva personalmente las diligencias sobre pedidos de informes y declaraciones juradas patrimoniales ante distintos organismos, incluido el Consejo de la Magistratura de La Nación, tarea, que como bien lo indica en la sesión de la Resolución C.M. Nº734/07; no debe interpretarse como un abrir un manto de sospecha sobre la mayoría de los funcionarios que realizan su trabajo en forma seria y honrada.

Para aquellos magistrados que han demostrado cierta preocupación por nuestros pedidos de declaraciones juradas, este medio no está buscando otra cosa que no sea el fiel cumplimiento de las obligaciones normativas, por parte de quienes hacen cumplir las normas a diario con sus resoluciones y sentencias.

Por una cuestión de caballerosidad, no voy a revelar por el momento el nombre de una jueza que preocupada y hasta podríamos decir imperativa, se comunicó con nuestro Editor, para “aconsejarlo” sobre las consecuencias que puede tener indagar sobre los bienes de su esposo, un conocido Camarista, ya que ellos constituyen un matrimonio y son uno solo, con lo cual, pedir la declaración de bienes de él, implica también involucrarla a ella, deslizando que no le caía bien mi pedido, por cuestiones de seguridad personal. La charla derivó en un ida y vuelta de explicaciones fundadas de parte del Editor, en cuanto al cumplimiento de lo requerido por el formulario del Consejo de la Magistratura, y los requisitos propios de la Ley 25.188, y por parte de la magistrada, sospechas sin sustento y hasta injuriantes, al decir de que como hay inseguridad, uno debe preocuparse de quien quiera saber sobre sus bienes.

Es inaceptable, que una jueza deslice semejante sospecha sobre un particular, sea quien sea, difícilmente un delincuente, complete un extenso formulario, para estudiar los bienes de un magistrado, pero sí deberían los magistrados, al momento de que alguien solicita su declaración jurada de bienes cotejar que la misma se encuentre correctamente confeccionada, porque después de todo es una declaración jurada y no un simple papel. En este caso, las declaraciones juradas solicitadas presentaban varias incorrecciones que se pondrán en conocimiento del Consejo de la Magistratura para que disponga las correcciones y archive el escrito junto a las mismas.

El Editor de este medio, siempre recibe o atiende los llamados o pedidos de quien sea, todos pueden tener algo que consultar, objetar, criticar o bien aclarar, es una norma implícita de este medio, el hacer un periodismo independiente, por lo cual, todos son escuchados y sus comentarios publicados cuando reúnen los mínimos requisitos, que son respeto e identificación personal. Pero también debemos dejar en claro que no nos intimidan ningún tipo de sugerencia coactiva, así que no pierdan el tiempo con llamados sin un sentido de diálogo. Creemos firmemente en la justicia, en el sistema republicano y participativo de los ciudadanos y en la libertad de expresión.

El derecho a la información es parte del derecho de libertad de expresión y está previsto en numerosos Pactos Internacionales de derechos humanos que fueron incorporados a nuestra Constitución Nacional con la reforma de 1994. En efecto, el acceso a la información relativa al funcionamiento de los órganos públicos constituye una condición necesaria para el ejercicio del derecho de peticionar a las autoridades, consagrado constitucionalmente (Art.14. C.N.).

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw

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